Pasadas tres semanas del incidente que provocó el vertido de la plataforma Deepwater Horizon, que sigue incontrolado en aguas del golfo de México, las empresas que gestionaban la perforación de crudo y el Gobierno federal se preparan para responder a las más de 100 demandas que ya han llegado a distintos juzgados de EE UU, interpuestas por pescadores afectados, grupos ecologistas y familiares de las once víctimas que perecieron en la explosión.
El miércoles, la Casa Blanca pidió que el Congreso reserve una partida de 7,8 millones de euros para responder a las denuncias. Ese dinero, asegura el Ejecutivo en un memorando, se necesita para "los gastos de litigación relacionados con la defensa directa y de fondo asociada con el vertido de crudo de la Deepwater Horizon que no pueda ser atribuido a las partes responsables o al fondo de responsabilidad del vertido".
Hasta la fecha, la Administración de Barack Obama ha insistido en que la petrolera BP, responsable de la explotación del yacimiento ubicado a 64 kilómetros de las costas de Luisiana, pagará todos los gastos originados por el vertido. En ese informe, sin embargo, queda claro que el Gobierno se prepara también para demandas presentadas contra él.
El lunes y el martes, representantes de las tres firmas que trabajaban en la plataforma -BP, Transocean y Haliburton- protagonizaron un cruce de acusaciones en el Congreso. Transocean, dueña de la plataforma, presentó ayer una demanda en un juzgado de Houston en la que pide que se limiten sus responsabilidades a 21 millones de euros, según una ley norteamericana de 1851
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